Controvertida denuncia de la fiscalía

Se trata de un caso inédito en la política peruana puesto que de acuerdo al artículo 117 de la Constitución el presidente de la República solo puede ser destituido de su cargo si comete cuatro delitos: traición a la patria, cerrar el Congreso sin estar autorizado por la Constitución, no convocar a elecciones o impedir la reunión de los organismos electorales. La fiscal ampara su imputación en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece que la inmunidad presidencial no limita la investigación, enjuiciamiento y sanción. Sin embargo, varios juristas señalan que de acuerdo a dicha Convención los estados solo pueden adoptar medidas para evitar la impunidad de los funcionarios conforme a sus ordenamientos jurídicos y, por tanto, dentro de lo estipulado en el artículo 117. El presidente Castillo no ha tardado en defenderse al señalar que "no hay ningún fundamento real" y que probará su inocencia. En su opinión se ha puesto en marcha "una nueva modalidad de golpe de estado". Ahora le corresponde pronunciarse a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso cuya presidenta ha señalado que el trámite puede demorarse hasta tres meses. En caso de que la acusación contra Castillo sea admitida comenzaría una etapa probatoria en la que el acusado puede ser convocado a ejercer su defensa. En cualquier caso, para levantar la inmunidad presidencial se requieren los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo.

│Una crisis política crónica

La polarización y elevada fragmentación del electorado, la constante pugna entre el Ejecutivo y el Congreso y los sucesivos escándalos de corrupción han abocado al país a una crisis institucional recurrente que lo ha condenado al inmovilismo político. Pedro Castillo, en el poder desde julio de 2021, es el quinto presidente del país en cinco años. En menos de año y medio en el cargo ya ha superado dos mociones de censura y renovado cuatro veces su gabinete, lo que da cuenta de los problemas de gobernabilidad a los que se enfrenta. Todo apunta a que no terminará la legislatura. La debilidad de los últimos gobiernos en Perú imposibilita la aprobación de las reformas estructurales necesarias para impulsar una mayor diversificación productiva, un aumento de la productividad y la mejora de los deficientes sistemas sanitario y educativo. La inacción política va a pasar factura al crecimiento del país; las previsiones a medio plazo apuntan a una clara desaceleración de la actividad.